Con la presentación de varias acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) interpuestas por Movimiento Ciudadano (MC), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), inició la lucha jurídica que anunció la oposición contra la llamada ley Bonilla.

A decir del senador Clemente Castañeda, Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, la SCJN debe de tomar en cuenta todas las acciones de inconstitucionalidad que buscan frenar un mandato impuestos de cinco años, cuándo los votantes decidieron por dos años de mandato.

“Que suspenda la entrada en vigor de esta reforma hasta que se resuelva el fondo sobre la constitucionalidad del mismo, nosotros confiamos en los argumentos que estamos presentando el día de hoy y esperamos por supuesto que la Corte se pronuncie no a favor de la inconstitucionalidad de Movimiento Ciudadano, no a favor de otras acciones de inconstitucionalidad que se presentarán el día de hoy, sino a favor del orden constitucional mexicano y de la democracia”, manifestó.

Dijo que MC defenderá el orden constitucional y la democracia mexicana “ante las atrocidades, triquiñuelas y mapacherías que se han cometido en el estado de Baja California”.

Por su parte, el presidente de Acción Nacional, Marko Cortés, presentó otra esta mañana ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otra acción de inconstitucionalidad contra la ley Bonilla, y anunció que presentarán un recurso legal ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Dijo que este sería porque esperan que el gobernador electo, Jaime Bonilla, obtenga del Tribunal Electoral Local una nueva constancia de mayoría que le acredite cinco años de mandato, y no dos, como originalmente se le otorgó.

Señaló que confía en la SCJN que frenará la ampliación de mandato que promueve el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

 “Venimos a decirle al otro poder que haga respetar la constitución, venimos a confiar en que aquí se le dirá no a Jaime Bonilla y se le dirá no a Morena en su pretensión de ampliarse el mandato de legislar para sí y de vulnerar el orden constitucional y democrático en México”.

A su vez, Ángel Ávila, dirigente colegiado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene en juego su credibilidad y la vida democrática del país.

Agregó que la ley Bonilla pone en riesgo 30 años de impulsar la democracia a través de elecciones que se han perfeccionado con el paso de los años.

 “Es a todas luces una ley que va en detrimento de la vida democrática del pacto federal y que pone en riesgo todas las conquistas democráticas ganadas a lo largo de 30 años de transición política”.

Las acciones inconstitucionales interpuestas, buscan que el gobierno de Jaime Bonilla, gobernador electo se Baja California, solo gobierne dos años y no cinco, como fue aprobado por el Congreso del Estado.

Se necesitan ocho votos de los 11 ministros de la SCJN para invalidar la llamada Ley Bonilla que podría aplicarse; sin importar, que Jaime Bonilla esté en funciones.

Fuente: Excelsior.