En el Senado, el grupo parlamentario de Morena quiere establecer en la Constitución que los dirigentes de todos los partidos políticos no sólo se reduzcan su salario, sino que nadie de ellos gane más que el presidente de la República.

La bancada mayoritaria en la Cámara alta considera, mediante una reforma constitucional al artículo 41 impulsada por el morenista Aníbal Ostoa Ortega, que los tabuladores de remuneraciones salariales de algunos dirigentes partidistas no son acordes a los principios democráticos y de austeridad republicana del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Porque aprovechando el vacío legal, que al no ser servidores públicos se autoasignan sueldos y prestaciones salariales muy por encima de lo que gana el actual presidente de la República, tal situación puede decirse que es legal, pero es inmoral ante el grave rezago que existe en nuestro país”, se señala.

La iniciativa, que se dictaminará en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, ponsipe como ejemplo al presidente de PAN, Marko Cortés Mendoza, quien tiene un salario mensual de 156 mil 571.20 pesos, de acuerdo al tabulador de remuneraciones de integrantes de órganos de dirección del partido del primer semestre del 2019.

En el proyecto de decreto, se señala que los partidos políticos son considerados entidades de interés público y figuras jurídicas suigéneris, pues aunque reciben recursos públicos denominados prerrogativas, estos recursos son ejercidos por personas que no son servidores públicos, sino ciudadanos, quienes ejecutan programas políticos electorales.

Para el 2020, se refiere, los partidos políticos ejercerán un presupuesto de alrededor de cuatro mil 965 millones de pesos, recursos que –se considera– representan una carga grande al erario, y que resulta por demás excesivo, por las grandes carencias que afronta nuestro país.

Esta burocratización y excesos, se añade, ha generado que, en los últimos tiempos, los presidentes e integrantes de los órganos directivos de los partidos políticos, se asignen remuneraciones que exceden el límite establecido en la Constitución, ya que no existe una regulación jurídica que se los impida.

Y por ello se busca corregir el artículo 41 Constitucional para que se establezca que ningún dirigente político perciba más ingresos que el presidente de la República. “sus remuneraciones, en ningún caso podrán ser superiores a la establecida para el Presidente”.

Fuente: El financiero.