Las vidas de las familias Vergara, Martínez y Jurado cambiaron por completo tras el sismo de 2017 que dejó 369 muertos y más de 7.000 heridos en todo México. La tragedia los une, al igual que el sentimiento de injusticia. Denuncian haber sido víctimas de la corrupción, el abandono y la desorganización de las administraciones públicas. Los Vergara siguen viviendo con miedo a que un nuevo temblor destroce lo que queda de su hogar a orillas del volcán Popocatépetl. Su municipio, Ecatzingo, fue el más golpeado por el sismo en el Estado de México: el 64% de las viviendas fueron destruidas. La familia Martínez sigue esperando recuperar su casa en Ciudad de México y poder dejar de vivir a la intemperie. El edificio en el que vivían es uno de los 12.253 que requirieron ser rehabilitados o reconstruidos tras el temblor; solo en un 1,6% de ellos han terminado las obras. Mientras, la familia Jurado todavía espera a que se haga justicia tras la muerte de su hija de siete años en el derrumbe del colegio Rébsamen, al sur de la ciudad. El desplome de esta escuela fue uno de los casos que más conmocionó al país tras el temblor. 26 personas murieron, –19 de ellas menores de edad– y su directora, que estuvo en búsqueda y captura durante año y medio, fue finalmente detenida en mayo, acusada de homicidio. Cuando se cumplen dos años del mayor terremoto que sacudió a México en 32 años, EL PAÍS cuenta la historia de estas tres familias. Son solo tres de entre los 12 millones de afectados que dejó el desastre.

Entre la maleza, fuera de la vista del Estado

La familia Vergara vivió las últimas consecuencias del sismo hace tan solo dos meses. Juana Arenas, de 61 años, estaba limpiando cuando le pareció que iba a temblar de nuevo. No recuerda el día exacto, solo recuerda que llovía. “La cocina y la sala se cayeron enteras. Estuve a un segundo de irme con ellas”, cuenta. Esta familia vive bajo riesgo extremo desde septiembre de 2017, cuando más de la mitad de su casa se vino abajo. Es solo una de las más de 350 familias de Ecatzingo que fueron omitidas en el censo del desastre y que no recibirán ayuda oficial al menos hasta 2020.

A los pies del volcán Popocatépetl, Ecatzingo lo forman un millar de casas construidas en laderas cubiertas de maleza. Según el último censo, de 2010, 9.300 personas viven en este municipio de 1.739 casas. 1.112 fueron destruidas y declaradas en riesgo por el sismo, según un recuento realizado este año por el municipio. La alcaldesa, Rocío Solís, admite que aquí “no existe la idea de pedir permisos de construcción”. Entrar en la estadística para recibir ayudas tras el desastre requería de dos datos: la ubicación de la casa en un mapa de planeamiento urbano y su título de propiedad. 370 viviendas no cumplen con estos requisitos porque, según la alcaldesa de Morena (el partido del presidente López Obrador), Ecatzingo “vive una situación de propiedad comunal, herencia indígena, en la cual mucha gente se establece en terrenos heredados de familiares que nunca se pusieron al día”.

“Cuando pasaron por las viviendas los del censo estábamos ayudando a los vecinos. Casi todos sufrimos pérdidas totales. ¿Cómo esperan que nos quedáramos en la casa?”, cuenta Esther Vergara, una de las hijas. Denuncia que la gente del censo pasó una vez por cada hogar a finales de 2017 y que quienes no pudieron atenderles fueron omitidos en el presupuesto del Estado de México para la reconstrucción. “Además, los que se dedican a la venta de materiales subieron los precios”, cuenta Eulalio Vergara, de 64 años, que sostiene que el valor de las varillas de acero para sostener las construcciones pasó de 60 (2,8 euros) a 150 pesos (siete euros) las semanas posteriores al sismo.

Ecatzingo perdió más de la mitad de su infraestructura pública durante el temblor: sus 16 centros educativos se vieron afectados, la iglesia del pueblo sigue destruida y la alcaldía se encuentra en peligro de derrumbe. “Soy como el resto de los vecinos”, sentencia la alcaldesa, “que tienen la casa en ruinas pero ahí siguen, porque no tienen adónde ir”.

Pasar la jubilación en una carpa

Jorge Martínez debe pagar cinco pesos en el metro siempre que quiere ir al baño. Desde hace dos años vive, junto a su esposa y otras siete parejas de la tercera edad, en una carpa frente al que fue su edificio, en la colonia Narvarte, al sur de la capital. “No pudimos recoger ni los calcetines”, recuerda Martínez, de 76 años. Jubilado —como todos los que fueron sus vecinos— su pensión no le permitió acceder a los créditos que ofrecía el Ayuntamiento para conseguir otra vivienda. Los 14 vecinos esperan el comienzo de la obra prometida por el gobierno local. Según el portal que monitorea la reconstrucción, las obras deberían haber empezado el 15 de septiembre, pero hace semanas que no tienen noticias.

Durante el primer año tuvieron vigilancia privada financiada por el Gobierno y un sanitario portátil, pero “ambos desaparecieron de buenas a primeras”, según recuerda Martínez. “Hemos sufrido varios atracos. Nos robaron el microondas y la cafetera a punta de pistola”.

“Yo no puedo comprender que 14 ancianos vivan en la calle”, cuenta Verónica Olivares, que suele ir de visita a menudo. Fuera de la carpa siempre hay un vecino que se asoma. Toman vino, hablan de fútbol. Nadie habla del sismo. “Hay gente más jodida”, dice Martínez. “Ya solo me da coraje cuando llueve”.

“Me podrían dar millones pero quiero a mi hija”

Alejandro Jurado muestra en su teléfono un vídeo de la última fiesta de cumpleaños de su hija. El 16 de septiembre de 2017, tres días antes del sismo, Paola Jurado festejaba sus siete años. “Este murió, este murió, este murió”, dice su padre, mientras señala a los niños que acudieron a la fiesta. El derrumbe del colegio Rébsamen de la delegación Tlalpan fue el suceso con más víctimas en Ciudad de México: siete mujeres y 19 niños perdieron la vida. “Realmente no fue el sismo lo que mató a los niños”, sentencia Jurado, “fue la corrupción”. Además desató una oleada de críticas contra las autoridades que alcanzó a la actual jefa de Gobierno y entonces delegada de Tlalpan (sur de la ciudad), Claudia Sheinbaum. La justicia investiga si los funcionarios sabían que el colegio no contaba con los permisos apropiados

La directora del colegio, Mónica García Villegas, está detenida por supuestas irregularidades sobre los permisos de edificación del colegio y homicidio culposo. Según la causa que llevan los abogados de Jurado, la escuela operaba con un permiso de uso habitacional y rebasaba el límite de pisos permitidos. La directora había construido su vivienda en una segunda planta, que se derrumbó sobre los fallecidos. “Todavía no nos ha dado el pésame”, lamenta Jurado.

“Quería ser médico como su mamá, era medallista en taekwondo y estaba en el cuadro de honor del colegio”, cuenta su padre orgulloso, mientras muestra la última fotografía que le tomó. Su hermano mayor, Alejandro, sobrevivió al derrumbe. Ahora tiene 11 años. “En su cumpleaños, mi hijo siempre dice: ‘falta mi hermana”, sostiene Jurado.

Siete familias buscan justicia por la vía penal. Enrique Fuentes, el abogado que lleva sus casos, explica que todavía hay dos personas prófugas con orden de captura: los directores de obra, Juan Apolinar Torales y Francisco Pérez Rodríguez. Jurado asegura que no desistirá hasta que sean condenados. “Me podrían dar miles de millones pero yo quiero a mi hija. Con el amor que le tengo seguiré luchando por que se haga justicia”.