Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, informó que por instrucción presidencial, se iniciarán investigaciones a funcionarios y jueces a fin de deslindar responsabilidades por la liberación de Gildardo López Astudillo, alias ‘El Gil’, presunto implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en 2014.
En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob) señaló que la liberación de “El Gil” es un precedente muy grave ya que fortalece una tendencia de liberación de otros detenidos; por ello, las indagatorias alanzarán a todos los funcionarios implicados, incluidos el extitular de la entonces PGR, Jesús Murillo Karam, y Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal.
Encinas señaló que en este caso, en lugar de garantizar el derechos de las víctimas se ha favorecido la impunidad de los implicados, por lo que exhortó a la Fiscalía General de la República (FGR) para que reencauce la investigación, subsane las indagatorias a fin de deslindar responsabilidades por parte de las autoridades.
A la fecha, mencionó el subsecretario, han sido liberados 52 de los 142 sujetos que llegaron a ser detenidos por la desaparición de los normalistas y podrían recuperar su libertad otros 50, del mismo modo, subsisten legalmente sólo 42 de las 107 pruebas que presentó por el caso la Procuraduría General de la República (PGR).
Con respecto a “El Gil”, identificado como exjefe de plaza de la organización criminal Guerreros Unidos en Iguala, Encinas detalló que su absolución fue dictada por el juez primero de Distrito en Procesos Penales Federales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien consideró que no había pruebas suficientes para acreditarle los delitos de delincuencia organizada ni secuestro.
“Seguramente tendrá una gran interpretación de la ley, pero no podrá explicar este acto de injusticia con las víctimas”, reprochó.
El juez, agregó, determinó que el sujeto padeció tortura tras su detención, pese a que se le aplicó el Protocolo de Estambul –un conjunto de pruebas para verificar si una persona fue torturada– y no se halló eso; si bien, reconoció Encinas, faltó una prueba de audiometría.
El subsecretario advirtió que la falta de justicia en el caso se debe a una indebida integración de la investigación por parte de autoridades ministeriales y que la llamada “verdad histórica” defendida por el exprocurador Murillo Karam se construyó en la simulación y tortura, en contra del derecho de las víctimas.
Actualmente, las nuevas investigaciones que realiza la comisión especial sobre el caso, añadió, tiene puntos de partida “diametralmente distintos” a la “verdad histórica”.
Fuente: Forbes.