El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, decretó estado de sitio en 22 municipios del noreste del país tras la muerte de tres efectivos del ejército en un enfrentamiento con narcotraficantes. La medida debe ser aprobada por el Congreso.
Tras el hecho, que se registró la noche del martes y dejó heridos a otros seis integrantes de la fuerza armada, Morales y el consejo de ministros aprobaron el decreto que declara el estado de sitio por 30 días en esos municipios.
Lo ocurrido en Izabal ha “puesto en peligro el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado, afectado a personas y familias”, señala el texto que la presidencia envió al Congreso.
El estado de sitio suspende las garantías constitucionales como la libertad de tránsito, el derecho a la manifestación y reunión y la portación de armas de fuego. Además, durante ese tiempo una persona puede ser detenida durante un patrullaje o retén sin que exista una orden de captura en su contra.
La ley de orden público de Guatemala establece que cuando el presidente decreta un estado de sitio, esto debe contar con el aval del Congreso. Mientras eso ocurre, las garantías están suspendidas.
El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, decretó estado de sitio en 22 municipios del noreste del país tras la muerte de tres efectivos del ejército en un enfrentamiento con narcotraficantes. La medida debe ser aprobada por el Congreso.
Tras el hecho, que se registró la noche del martes y dejó heridos a otros seis integrantes de la fuerza armada, Morales y el consejo de ministros aprobaron el decreto que declara el estado de sitio por 30 días en esos municipios.
Lo ocurrido en Izabal ha “puesto en peligro el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado, afectado a personas y familias”, señala el texto que la presidencia envió al Congreso.
El estado de sitio suspende las garantías constitucionales como la libertad de tránsito, el derecho a la manifestación y reunión y la portación de armas de fuego. Además, durante ese tiempo una persona puede ser detenida durante un patrullaje o retén sin que exista una orden de captura en su contra.
La ley de orden público de Guatemala establece que cuando el presidente decreta un estado de sitio, esto debe contar con el aval del Congreso. Mientras eso ocurre, las garantías están suspendidas.
Fuente: El financiero.