Los estados de Estados Unidos buscan recursos legales para anular las leyes antimigrantes del gobierno de Donald Trump.
El procurador general de California, Xavier Becerra, informó en conferencia que cada uno de los estados demandantes tiene la soberanía de proteger los derechos de los menores de la mejor manera posible.
La administración de Trump informó la semana pasada que detendrá indefinidamente a las familias migrantes que buscan asilo como “persuasión” para que dejen de llegar a la frontera.
“En California no tenemos instalaciones en las que se pueda detener indefinidamente a las familias y el detener indefinidamente a los niños va contra la ley”, declaró Becerra al informar que el estado fronterizo con México y Massachusetts encabezan la demanda colectiva.
Además, se sumaron Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregon, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, y Distrito de Columbia.
El gobierno federal planea utilizar los centros de detenciones que operan compañías de prisiones privadas, pero en cada estado esos centros tienen que cumplir normas estatales, aun cuando trabajen para el gobierno federal.
A la fecha solamente el estado de Texas cuenta con ese tipo de infraestructura, informó Becerra.
El funcionario dijo que las reglas de California, que son similares a las de muchos estados, dictan que a los menores se les debe proporcionar cuidados de higiene, salud, alimentación y seguridad personal.
La decisión de la administración de Trump viola el Acuerdo Flores, un convenio legal establecido luego de la muerte de una menor salvadoreña con ese apellido, el cual determina que los menores de edad sólo pueden estar en detención por un máximo de 20 días y con las atenciones que necesiten.
Becerra aseguró que confía en que la demanda colectiva detendrá la decisión del gobierno federal.
“Casi en cada ocasión que demandamos a la administración Trump, ganamos, porque demandamos que se respete la constitución; lo que hay que cuestionar es por qué esta administración se empeña tanto en violar la Constitución”, aseguró el fiscal de la entidad.
California ha emitido otros trámites contra el gobierno de su país, en especial asuntos migratorios, ambientales y de derechos humanos.