Líderes de pescadores denunciaron que en México se pasó del “cobro de piso” al “cobro de mar” por parte del crimen organizado, ya que ante el desmantelamiento de instituciones como la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), la delincuencia está ocupando los vacíos que deja el Estado.

En entrevista, dirigentes del sector, que solicitaron el anonimato para no exponer su vida, dieron a conocer que, desde principios de año,  se incrementó esta actividad ilícita por parte de los cárteles, que cobran mil pesos semanales por embarcación menor (panga), que realiza la actividad sin permiso y un 15% sobre el valor del producto a toda la flota ribereña.

“El día viernes nosotros tenemos que ir a un lugar específico, y entregar mil pesos por panga, eso nos cuesta por semana salir a trabajar, además de que también cobran una cuota a quienes nos compran el producto, de aproximadamente 15% de su valor, o sea el comprador que antes nos pagaba 300 pesos por kilo, ahora nos paga 250, porque los otros 50 pesos van para el crimen organizado”, revelaron.

Indicaron que esta situación se presenta en 16 de los 17 estados costeros del país, a excepción de Yucatán, donde todavía los pescadores no tienen que cubrir cuotas para poder trabajar.

Vigilancia

Señalaron que esto se detonó a partir de que la Conapesca abandonó su tarea de inspección y vigilancia.

“Ellos tienen plenamente identificadas a las personas que compran el producto, así sean 10 compradores en la región, a todos los visitan para que paguen su porcentaje; les entregan un libro para que anoten cuántos kilos llevó cada embarcación y, con base en eso, paguen su cuota”, explicaron.

Los pescadores agregaron que incluso en algunas regiones del país, los propios integrantes de la delincuencia organizada ya son quienes compran directamente el producto, con el respectivo descuento por “cobro de mar”.

“Al parecer, la delincuencia tiene acceso a la base de datos de la Conapesca, porque saben perfectamente el nombre de la embarcación, para qué producto tiene permiso, a quién pertenece y dónde vive”, alertaron.

Foco rojo en el mar

El director general de Inspección y Vigilancia de la Conapesca, Héctor Mucharraz Brambila, lamentó que el crimen organizado haya “sentado sus reales también en la pesca”, con el cobro de piso y cuotas.

El almirante en retiro reconoció que existen denuncias formales de pescadores ribereños sobre esta situación ilegal en los estados de Baja California, Campeche, Guerrero y Tamaulipas, pero hasta el momento no hay ninguna detención, porque cuando los inspectores federales de pesca aparecen acompañados de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) o Guardia Nacional, no se presentan estas situaciones.

“Estamos hablando precisamente con los estados, porque la Federación tiene que estar apoyada por los estados, para pedirles que se integren las policías estatales, las policías municipales, para poder coadyuvar en la vigilancia”, subrayó.

El funcionario de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca manifestó que en ocasiones las personas que cobran piso son oportunistas, que no necesariamente pertenecen a algún grupo del crimen organizado.

“Aprovechando la coyuntura, hay muchos vivales que se dedican a esas cuestiones, y dicen ser o pertenecer a estas actividades”, comentó.

Admitió que empezaron “bajos” el año en materia de inspección y vigilancia, porque estaban revisando los expedientes de todos los oficiales federales de pesca, para acabar con la corrupción, lo que dio paso al despido de 32 elementos.

“Me acaban de autorizar la contratación de 25 elementos, que son personal retirado de la Armada de México, para integrarse a las tareas de oficiales federales de pesca, en un esfuerzo que hizo el señor comisionado de Conapesca, que se lo pidió al doctor Víctor Villalobos, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader)”, subrayó.

En activo

Abundó que en la actualidad están en activo 180 oficiales federales de pesca, a los que se sumarán los 25 elementos nuevos y buscará que se reabran 30 plazas de los inspectores que fueron dados de baja, para sumar un total de 235 efectivos en todo el país.

Aunado a lo anterior, dijo que ya le otorgaron el visto bueno para utilizar 121 camionetas y le están dando mantenimiento a las embarcaciones que tienen para realizar sus tareas.

Fuente: Excelsior.