“Algunas muertes no son reconocidas por las aplicaciones”

El choque frontal entre repartidores de aplicaciones con las plataformas es inminente. La organización “#Niunrepartidormenos” se ha aliado con la organización “Nosotrxs”, quienes les asesoran en materia legal y les impulsan para promover una iniciativa en el Congreso para que repartidores de apps sean considerados por la Ley del Trabajo. No buscan hacer un sindicato, explica su vocero, Saúl Gómez, pero sí quieren todas las condiciones de un trabajo formal en México.

“Sabíamos en lo que nos metíamos (…) pero eso no quiere decir que no podamos exigir mejores condiciones de trabajo“, dice.

A decir de Saúl, el movimiento de “#NiunRepartidorMenos” lo integran cerca de 20,000 personas en México. A falta de cifras públicas por parte de Uber, Rappi, SinDelantal, DiDi Food, y otras aplicaciones del segmento, no hay forma contrrestar la información para dimensionar la proporción de la organización.

Luego de un accidente vial en el que un repartidor perdió la vida en Periférico Sur y Eje 5 Sur en CDMX, los repartidores comenzaron a organizarse en forma de la asociación de la cual es vocero Saúl, y que han reportado, detalla, 28 fallecimientos hasta la fecha en todo el país.

Las consignas tienen que ver con el sector de seguridad, pero también con la informalidad de su trabajo. La gran mayoría puede resumirse en una sola: ser reconocidos como trabajadores y no como ‘socios’.

Muchas conversaciones sin avance alguno

“#Niunrepartidormenos” se ha reunido con SinDelantal y con Rappi, sin que las conversaciones se hayan traducido en un impulso expreso al movimiento, o apoyos hacia la persecución de un trabajo formal, aunque Saúl asegura que en SinDelantal “ven con buenos ojos” a la organización. En cuanto a Uber, el portavoz dice que la empresa se ha puesto en contacto con el movimiento de repartidores y les ha invitado a reunirse solo para después cancelarles. La posición de Uber, a través de su directora de seguridad en México, Cecilia Román, es que esos acercamientos jamás han ocurrido.

“[Los repartidores] son usuarios de la aplicación, hay diferentes mecanismos en los que Uber Eats mantiene comunicación con los socios repartidores“, explica Román. La respuesta es un rodeo: Uber asegura que tiene constante comunicación con repartidores (incluso sesiones informativas) pero los acercamientos no son con la organización como tal.

Las confusiones y versiones encontradas entre la empresa y los repartidores continúan: mientras que Saúl asegura que el tope de reembolso para accidentes asciende a 100 mil pesos (incluso detalla que los topes para el resto de aplicaciones es menor), Uber explica que los montos de las pólizas de seguros de los conductores varían, dependiendo de multitud de factores, y además no son públicos. La versión de la empresa es que sus repartidores siempre estarán cubiertos en caso de un percance, pero la aseveración se acompaña sin montos que hayan sido transparentados.

Más allá de los temas de coberturas, pólizas y aseguradoras, Saúl deja en claro que repartidores buscan que aplicaciones puedan responder por ellos, incluso si no se trata de incidentes viales. Uber de hecho tiene una póliza por accidentes no viales, sino por cualquier tipo de accidente personal, siempre y cuando el repartidor esté activo. “#Niunrepartidormenos” espera que con una relación contractual más formal, Uber incluso los respalde legalmente en caso, por ejemplo, de robos.

El principal argumento que enarbola la organización es que todas las aplicaciones para aceptar a un repartidor necesitan que este tenga registro ante el SAT. El argumento, desafortunadamente, es uno que carece de solidez: aunque el SAT tenga una categoría para ellos, dar por bueno que ello debería ser equivalente a obtener prestaciones, es similar a asegurar que cualquier persona dada de alta en la modalidad de Régimen de Incorporación Fiscal (RIF que es en donde está la mayoría de repartidores), tiene posibilidades de exigir a un patrón prestaciones propias del sector formal.

De la debilidad de ese argumento legal, es que “#Niunrepartidormenos” quiere llegar hasta Congreso, para hacer pasar una iniciativa que les incluya en la Ley Federal del Trabajo, ya sea como “Trabajador Digital” o bien, como “Repartidor de Alimentos o Mensajero”. Si el Congreso llega a considerar la alternativa, obligaría a plataformas digitales a sostener una relación contractual con repartidores, dejar de considerarlos como “usuarios de aplicación” para pasar a ser “empleados“. Como sabemos, el modelo de negocios de Uber y similares no funciona así.

Flexibilidad, ante todo

La discusión no es nueva, y algunas reglamentaciones comienzan a discutirse. Una de ellas, en California, ha hecho que Uber se decida por dar más libertad a sus conductores, en un intento por probar que conductores operan con autonomía total. Uber en México es claro: la flexibilidad que dan a sus socios, ya sean repartidores o conductores, es piedra angular.

Román asegura que Uber está abierta a impulsar cualquier conversación que introduzca innovaciones al segmento, pero, simultáneamente, es clara en cuanto a que la flexibilidad que dan a conductores es prioridad. Saúl, mientras tanto, no discute el tema de la flexibilidad: “La flexibilidad laboral no iría implícita en una regulación porque no se puede cambiar lo que ya se tiene. Si trabajas de forma flexible, buscamos que se mantenga esa flexibilidad”

“#Niunrepartidormenos” se dice afín al movimiento de trabajadoras del hogar, que en 2018 y 2019 sumaron pasos efectivos hacia la formalidad y reconocimiento de su oficio. En abril del año pasado el Instituto Mexicano del Seguro Social comenzó su programa piloto para afiliar a trabajadoras domésticas.

Saúl explica que, en el caso de repartidores, la mitad del camino hacia la formalidad ya está recorrido, toda vez que, a diferencia de muchas trabajadoras del hogar, todos los repartidores tienen registro ante hacienda. Por ello, incorporar a trabajadores al Seguro Social debería ser relativamente más sencillo.

Para la Organización Internacional del Trabajo el reto es real. “los sitios web de trabajo en plataformas de microtareas y el trabajo mediante aplicaciones que conforman la economía de plataformas podrían recrear prácticas laborales que se remontan al siglo XIX y futuras generaciones de ‘jornaleros digitales’” se lee en el documento “Trabajar para un futuro más prometedor”.

En él, la OIT no hace referencia expresa al oficio de los repartidores, a Uber, a Rappi o a DiDi; pero su director Guy Ryder sí ha dicho que todo trabajador de la economía digital debe tener un piso mínimo de protección social y ciertos derechos laborales.

En “Las Plataformas Digitales y el Futuro del Trabajo”, la OIT sugiere tres criterios para garantizar derechos laborales: cobertura social sin importar su modalidad de trabajo independiente, introducir mecanismos tecnológicos para el pago de impuestos, y reforzar los beneficios vinculados a esos impuestos, como la jubilación.

Aunque el posicionamiento de la OIT es claro en cuanto a generar condiciones mínimas para un trabajo digno, la organización es bastante más laxa en cuánto a sugerir especificidades de ese piso mínimo. Para avanzar en el tema, ha propuesto la creación de una Garantía Laboral Universal, una declaración de derechos fundamentales de los trabajadores que comprenda un salario vital adecuado, limitación de horas de trabajo, y seguridad en lugares de trabajo.

La Unión Europea le ha adelantado trabajo a la OIT. En abril de 2019 los estados integrantes aprobaron impulsar los derechos de trabajadores de la “gig economy“, refiriéndose a trabajadores independientes, intermitentes, o bajo contratos cortos. Lo más interesante es que las medidas aprobadas (que contemplan claridad en condiciones laborales, compensación en caso de cancelación de un trabajo y periodo de prueba de no más de seis meses) no aplican para trabajadores autónomos, pero sí para socios de plataformas como Uber.

De esta manera, aunque las medidas aún no han avanzado lo suficiente como para garantizar todas las prestaciones propias de la formalidad a empleados de la ‘gig economy‘ sí ha delimitado ya que socios de Uber no son, en toda la extensión de la palabra, “autónomos”. Este es un precedente importante para cuando la conversación en el Congreso en México avance.

Los estados miembros de la Unión Europea tienen hasta el 2022 para asumir las reglas e incorporarlas en forma de política pública.

Licencia especial para repartidores

De vuelta a México, Saúl se queja de que la Secretaría de Movilidad en México ha discriminado injustificadamente al gremio, exigiéndoles que ahora cumplan con una licencia especial. A decir del gobierno de la Ciudad de México, 4 de cada 10 accidentes viales tienen relación a motociclistas, de manera que busca capacitarlos a través de la obtención de una licencia.

Como condición para recibir la licencia, los repartidores en Ciudad de México, sean o no de servicios de apps, deberán inscribirse en una motoescuela.

“Se nos hizo un poco injusto, es como si te agarrara a patadas y luego te pido que me pidas perdón y me limpies los zapatos” dice molesto Saúl.

El portavoz sin embargo se dice convencido de que la organización podría ejercer la presión adecuada para que Secretaría de Movilidad de marcha atrás en la creación de la nueva licencia, pues los detalles del modelo no han sido anunciados. Aunque no han tenido una reunión directa con el secretario, Andrés Lajous, dicen haber tenido varios encuentros con la Secretaría.

Una fuente que no ha querido ser identificada por su nombre, ha referido, al terminar la redacción de este texto, que Sura habría cubierto 200,000 pesos para el caso de Birgilio.