En 2017, en el país se recaudó 14.1% del PIB sin contar contribuciones a la seguridad social, lo que representa la recaudación más baja dentro de los países miembros de la OCDE que tiene un promedio de 34%.
México es uno de los países de América Latina que menos impuestos recauda y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene un plan bajo el brazo, para que -sin aumentar impuestos o generar nuevos- pueda aumentar sus ingresos fiscales.
Las medidas están planteadas en dos ejes: disminuir la evasión fiscal a través del endurecimiento de sanciones jurídicas a los evasores y la detección de actividades económicas que puedan ser gravadas, sobre todo las surgidas con la revolución tecnológica, así lo confirmó Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público.
En 2017, en el país se recaudó 14.1% del Producto Interno Bruto (PIB) sin contar contribuciones a la seguridad social, lo que representa la recaudación más baja dentro de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que tiene un promedio de 34%.
“Somos de los países que peor recauda ingresos tributarios y prácticamente estamos muy atrás de muchos de los países de Sudamérica, pero también de Centroamérica. Es una agenda que tiene que ser estudiada de manera muy cuidadosa y de manera muy intensa con el Congreso, pero también con todos los sectores que podrían ser impactados o bien que podrían ser beneficiados”, detalló el subsecretario de Hacienda durante su participación en el Foro Banorte.
Actualmente en el Senado se analiza una serie de reformas para propone incluir la defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparada en el catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada, enfocado en erradicar las empresas fantasma y las que generan facturas falsas.
La propuesta que se analiza en la cámara alta plantea adicionar en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, que determina los delitos que “son amenazas para la Seguridad Nacional, los delitos fiscales y el daño o perjuicio al fisco Federal, así como imponer penas de cinco a ocho años de prisión, a las personas que expidan, enajenen, compren o adquieran comprobantes fiscales que posibiliten operaciones inexistentes”.
Organismos como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) han señalado que estás medidas pueden ser excesivas porque puede provocar temor entre la gente que actúa de buena fe.
En torno a las medidas enfocadas para gravar nuevas actividades económicas, las empresas globales de tecnología podrían ser el blanco.
Hasta el momento no hay certeza en torno a las obligaciones fiscales que podrían imponerse, sin embargo, hay certeza de que la Secretaría de Hacienda ya está evaluando las adecuaciones al marco fiscal.
Fuente: Forbes.
