En Chile, y en el resto de América Latina, hay condiciones de fondo y elementos que son comunes, que llevan a la población a salir a las calles, aseguró la subsecretaria de Relaciones Exteriores de Chile, Carolina Valdivia.
En las protestas que hemos visto en los países de la región, hay elementos que pueden ser comunes, que se comunican de forma muy rápida a través de la comunidad virtual, y en el caso de que hubiera o no intervención u orquestamiento desde fuera son elementos que están siendo investigados”, afirmó en entrevista con Excélsior.
Con motivo de su participación en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), de la que México asumió la presidencia pro tempore, la vicecanciller sostuvo que el país busca resolver las movilizaciones, que llevan tres meses, por la vía institucional.
La situación de descontento tiene muchas características, por un lado manifestaciones legítimas sobre la situación en la que está el país, en términos de acceso, recursos, determinadas posiciones, desigualdad, en el ámbito económico que no habíamos visto desde la recuperación de la democracia”, afirmó.
La abogada y académica afirmó que los actos de violencia fueron la causa del estado de emergencia que decretó el presidente Sebastián Piñera días después de que iniciaron las movilizaciones el pasado 18 de octubre.
Todo se ha tratado de resolver por la vía institucional, en primer lugar con un acuerdo por una nueva constitución, donde ya existe todo un proceso que se ha dado inicio con la promulgación del presidente respecto al inicio de este proceso constituyente, cuyo primer hito será el plebiscito de entrada”, detalló.
El país sudamericano se encuentra inmerso en una crisis sociopolítica, luego de que el gobierno anunció un incremento al precio del Metro en Santiago.
Eso se convirtió en el detonador de una serie de movilizaciones nacionales en las que la población reclama cambios profundos en el sistema de gobierno e incluso el fracaso del modelo económico actual.
En noviembre pasado, el Ministerio de Salud cifró en 10 mil 792 las personas que fueron atendidas durante el primer mes de movilizaciones.
– ¿Habrá alguna indemnización por parte del gobierno para las víctimas? Se le preguntó.
– Lo primero que se señaló desde el principio es que impunidad no habrá, pero en segundo lugar, si se hubiera cometido algún tipo de abuso es que se vea a través de los procedimientos del Estado de derecho, por lo tanto se han presentado múltiples denuncias en tribunales de justicia y es ahí donde se ha producido que se impongan las sanciones con todo el rigor de la ley.
Eso por una parte, luego también en el caso de Carabineros se ha llamado a una reforma integral, con un pilar de derechos humanos y transparencia”, declaró la vicecanciller.
LA SEGUNDA TRANSFORMACIÓN
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda de Chile, el país sudamericano reportará un crecimiento económico de dos por ciento al cierre de 2019.
El caso de Chile ha sido un caso en términos macro muy exitoso, donde, desde la recuperación de la democracia, ha aumentado muchísimo el crecimiento económico, eso ha ayudado a un incremento de la clase media”, reconoció la segunda al mando de los asuntos externos del país.
Sin embargo, uno de los reclamos de los jóvenes de las protestas de octubre apunta a las deudas en la adquisición de créditos universitarios.
De acuerdo con un estudio de la Fundación Sol, que analiza la educación en esa nación, cursar la carrera de odontología cuesta 50 mil dólares en una universidad pública y la de biología tiene un costo de 25 mil dólares.
Cuestionada sobre si es necesario hacer ajustes radicales en el modelo económico, Valdivia afirmó que el país debe avanzar a una nueva etapa.
Ahora toca la segunda transformación, la segunda vía, de decir: ya somos un país que hemos crecido, y hacernos cargo de determinadas situaciones. Y ahí el modelo sí requiere ajustes, no son ajustes radicales, pero sí ajustes que nos lleven a una sociedad más igualitaria. Y ésa es precisamente, la agenda del gobierno que se ha propuesto de ir modificando todas aquellas cuestiones, que afectan la desigualdad”, afirmó Valdivia.
Respecto al papel de México y la postura de no intervención en los asuntos externos, sostuvo que es una política tradicional en el país, la cual está establecida en las leyes nacionales.
Desde Chile tenemos que respetarla, son decisiones políticas y soberanas”, sostuvo.
LA SOMBRA DEL POPULISMO
Valdivia reconoció que en las sociedades Occidentales han incrementado las ideologías radicales, así como la presencia del populismo.
Es un fenómeno muy difícil de abordar, porque además con la inmediatez de las comunicaciones no cuesta nada llegar a hacer un tipo de declaración muy popular, el que tenga más likes o retuits pareciera ser la opinión mayoritaria y que tiene respaldo”, aseguró.
Ante lo cual, anunció que una apertura y comunicación oficial hacia los ciudadanos puede contrarrestar esas posturas y compartir experiencias con América Latina.
El compromiso que tenemos para Chile es no ceder a esas presiones populistas y aquí lo que hay que hacer es explicar: explicar cómo se utilizan los recursos del Estado, señalar hasta dónde somos capaces de llegar y tener el diálogo abierto. Contarles a los países de la región para señalar el proceso que estamos viviendo”, aseguró la vicecanciller.
EL PROCESO HACIA UN NUEVO PANORAMA
En abril próximo, Chile iniciará un proceso que podría culminar con una nueva constitución nacional, un reclamo de las movilizaciones enfocado en dejar atrás la Carta Magna que fue heredada durante el gobierno de Augusto Pinochet (1974-1990).
En diciembre, Piñera promulgó la ley que da inicio al proceso constituyente.
En primer lugar se hará el plebiscito de entrada, para que la ciudadanía exprese si quiere una nueva constitución, detalló.
Tras eso, la población decidirá quiénes conformarán la Asamblea Constituyente.
O bien, sea una comisión mixta con miembros del Parlamento y personas de la sociedad civil propuestas, o que sea una convención de personas 100 por ciento independientes”, afirmó.
Tienen un periodo de nueve a 12 meses para presentar un nuevo texto, que deberá tener el respaldo de dos terceras partes del órgano constituyente.
Atentos al proceso constituyente de cómo Chile encauza este estallido, hay un proceso de sociedad que puede ser muy terapéutico”.
De lo que hemos visto y hemos vivido como continente, por nuestra historia en el caso latinoamericano, aquello que es fundamental es el respeto del Estado de derecho, nos costó muchísimo llegar a ello, nos ha costado mucho la independencia de poderes, establecer elecciones libres democráticas y eso es lo que nos corresponde como comunidad mantener”, concluyó.
RESPALDAN A MINORÍAS
La Cámara de Diputados de Chile aprobó una iniciativa que tipifica el delito de incitación a la violencia contra grupos sociales por razones discriminatorias.
con 76 votos a favor, 36 en contra y 23 abstenciones.
El proyecto sanciona penalmente discursos que hacen apología del odio con incitaciones capaces de desencadenar actos de violencia en perjuicio de determinados grupos de personas.
La iniciativa reformó el Código Penal para sancionar a quienes inciten públicamente a la violencia física o el odio contra un grupo o sus integrantes con base en su etnia, nacionalidad.
También se condenan los crímenes basados en condición socioeconómica, idioma, ideología, opinión política, afiliación deportiva, religión, visión filosófica, incorporación o participación en organizciones gremiales, trabajo, sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad.
La comisión de este delito se sancionará con cárcel mínima, de 61 a 540 días, y una multa.
Si las conductas las realiza un funcionario público en el ejercicio de su cargo, la pena aumentará un grado y se aplicará la multa máxima, junto a la inhabilitación absoluta temporal en su grado mínimo para el ejercicio de funciones pública”, detalló la Cámara a través de un comunicado.
La ley también busca sancionar a quienes justifiquen, aprueben o nieguen las violaciones a derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante la dictadura militar que gobernó Chile entre 1973 y 1990, las cuales han sido consignadas por distintos informes en el país.
Según la disposición, las sanciones ante este ilícito serán de entre 541 y tres años y un día de cárcel.
Tras su aprobación, la iniciativa fue remitida a la comisión de derechos humanos nacional para revisar indicaciones.
Fuente: excelsior.
