El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación criminal sobre si Donald Trump o su campaña presidencial de 2016 fueron espiados ilegalmente, según una persona familiarizada con el asunto.
John Durham, el fiscal federal que lidera la investigación, ahora tiene la autoridad para convocar a un gran jurado y emitir citaciones para obligar a los testigos a testificar o entregar documentos.
Trump y sus aliados han sostenido durante mucho tiempo que la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016, que condujo a la investigación encabezada por el fiscal especial, Robert Mueller, se originó con acusaciones falsas y tuvo motivaciones políticas.
La indagación de Durham, que fue reportada por primera vez por el New York Times, se da a conocer en medio de otra investigación del ‘impeachment’ en la Cámara baja de Estados Unidos que se ha convertido en una amenaza creciente para la presidencia de Trump. Incluso antes de que Durham recibiera sus nuevos poderes, los demócratas y otros habían expresado su preocupación de que Trump quisiera utilizar el Departamento de Justicia como arma para promover sus objetivos políticos.
Hasta ahora, Durham, que dirige la oficina del fiscal en Connecticut, ha estado haciendo una revisión de las actividades de contrainteligencia realizadas por la CIA, el FBI y otras agencias antes y después de las elecciones de 2016, especialmente relacionadas con la campaña de Trump y los primeros días de su presidencia.
El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, dijo al Comité Judicial del Senado en mayo pasado que le preocupaba que hubiera habido espionaje inapropiado, aunque agregó en ese momento que no tenía ninguna evidencia concreta. Poco después de la audiencia, Barr nombró a Durham para dirigir la revisión.
Desde entonces, Barr ha mostrado un fuerte interés personal en avanzar en la investigación, incluso viajó dos veces en los últimos meses para pedir ayuda a los funcionarios de inteligencia italianos. También ha estado en contacto con funcionarios australianos y británicos.
Trump ordenó a las agencias de inteligencia que cooperen con la revisión y le dio a Barr amplia autoridad para desclasificar documentos.
Funcionarios del FBI y la CIA han dicho que llevaron a cabo una vigilancia legal y autorizada por la Corte cuando se enteraron de la interferencia rusa. Pero Trump y sus aliados sostienen que la vigilancia, que llaman espionaje, fue una operación ilegal para dañar su campaña y presidencia.
Irónicamente, la investigación de juicio político comenzó por indagar las actividades de Trump que involucran a Ucrania. Una teoría de conspiración promovida por algunos conservadores sostiene que los agentes ucranianos, y no los rusos, trataron de influir en las elecciones estadounidenses para ayudar a la oponente de Trump, Hillary Clinton.
Fuente: El financiero.