La reforma fiscal que establecerá mecanismos para gravar a la economía digital comienza a tomar forma, pues diputados están a punto de mandarla (junto con todo el paquete económico 2020) a la Cámara de Senadores. La iniciativa originalmente hecha por el gobierno federal sugería la posibilidad de una desconexión de servicios, a causa de falta de pago o en caso de que una empresa tecnológica que clientes en México no estableciera un domicilio fiscal en el país.

La atribución que sería del SAT y que le permitiría solicitar a proveedores de internet vetar cualquier sitio o app en México parece que ha sido descartada en Cámara de Diputados, según reporta La Jornada.

Esta es una de las medidas contra las que la Asociación Latinoamericana de Internet, ALAI, se había pronunciado frontalmente, al igual que la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Ahora, ha sido el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (uno de los primeros promotores de reformas de este tipo) el que ha dicho que la desconexión ya no será necesaria “porque hay un acuerdo de buena voluntad para que las empresas de comercio electrónico se registren”.

En conferencia de prensa esta misma semana la Red en Defensa de los Derechos Digitales había considerado a la medida de desconexión como desproporcionada. De acuerdo a ALAI además podría ser inconstitucional por coartar libertades de expresión.

Al parecer, el cabildeo ha surtido efecto, y la ALAI y el resto de voces han hecho eco en la cámara de diputados. Resta por saber si otras modificaciones serán hechas, sobre todo las relacionadas con las solicitudes de la ALAI en cuanto a simplificar el registro de datos por parte de las plataformas de intermediación como Mercado Libre para la retención de ISR de vendedores, o la extensión del plazo para la puesta en marcha de las reglas específicas de la reforma.

También queda por saber qué pasará con los miembros que no forman parte de la ALAI. Si bien empresas tecnológicas grandes como Google y Arbnb alcanzaron un acuerdo con Cámara de Diputados para facilitar su registro, no queda claro qué medidas se utilizarán para que otras empresas tecnológicas tanto originarias de México como extranjeras, sobre todo pequeñas y medianas, hagan su registro efectivo y declaraciones mes con mes.

Una vez que la iniciativa sea turnada al Senado, la cámara alta tiene hasta el 31 de octubre para su aprobación.