México.- Frente a la crisis de violencia contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas que impera en México, es necesario que el Estado garantice el ejercicio de su labor a través del reconocimiento y combate a la impunidad, sentenciaron las organizaciones civiles Propuesta Cívica y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
En la presentación del informe Frente al Riesgo y al Caos, señalaron que la agresiones contra personas defensoras y periodistas sigue en aumento, con lo que reporcachon que el funcionamiento del Mecanismo de Protección federal y las leyes locales no han logrado revertir la situación.
Al presentar los hallazgos principales, Mario Hurtado, integrante de Propuesta Cívica, señaló que la aprobación de leyes es insuficiente porque no estás constituidas con base en las obligaciones que tiene el Estado para garantizar la labor de los defensores y periodistas.
Sentenció que desconocen las medidas de prevencion, investigacion y sancion de los delitos en contra de la labor de defensa e información, además de la ausencia de voluntad política para implementarse.
Lee esto: ONU-DH condena asesinatos de Rogelio, Edgar y Jorge, periodistas asesinados en Guerrero y Veracruz
Es responsabilidad del Estado, no solo del mecanismo
Por su parte, la directora de la organización Propuesta Cívica, Sara Mendiola, dijo que el informe representa la inacabada política pública que se debe fortalecer pues “la responsabilidad de seguridad para defensores y periodistas es del estado mexicano y no solo del mecanismo”.
La senadora Nestora Salgado, dijo que la violencia contra defensores y periodistas e sun tema lamentable y complejo, mismo que ha recibido poca atención por parte de las secretarías encargadas del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Por ello, las organizaciones hicieron un llamado para que el gobierno garantice el ejercicio de defensa de derechos humanos y periodistas a través de un programa que atienda necesidades específicas de las víctimas. Sobre todo, exigieron que los funcionario públicos dejen a atacar y reconozcan su labor para con la sociedad.
“Es necesario construir un sistema nacional de coordinación amplio y garantista, para que de esta manera defensores y periodistas no solo sean objetos de protección sino sujetos de derechos”, finalizó Sara Mendiola.